El proyecto de ley 2.234/2022 (proyecto de ley 442/1991 en la Cámara) fue presentado en 1991 por el entonces diputado federal Renato Vianna. Aprobado por la Cámara más de 30 años después, en 2022, el proyecto fue enviado al Senado, donde fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) en junio de 2024. Su inclusión en el orden del día de la Plenaria fue una exigencia de los parlamentarios, según el presidente de la Cámara, senador Rodrigo Pacheco.

«Es algo que ya viene de la Cámara, tiene el apoyo del gobierno, el apoyo de varios segmentos. Y el Senado tiene que decidir si lo aprueba o no. Por eso, varios senadores pidieron en la reunión de líderes que sea sometido al Plenario, entre otras cosas porque ya fue considerado por la CCJ - explicó Pacheco en una entrevista la semana pasada.

El proyecto prevé la creación de dos impuestos cuya recaudación será compartida con los estados, el Distrito Federal, los municipios, la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo Internacional (Embratur) y los fondos de deporte y cultura. Según el ponente, el senador Irajá (PSD-TO), los diversos tipos de juegos de azar actualmente considerados ilegales habrían generado entre 14.300 y 31.500 millones de reales en 2023. La estimación se basó en datos de 2014 y se actualizó en función de la inflación. Con la legalización, el Gobierno recaudaría dinero.
Las normas previstas son específicas para los distintos tipos de juegos. Según el ponente, al fijar límites numéricos al número de establecimientos comerciales que pueden ofrecer casinos, bingos y juegos de azar, el proyecto de ley «facilita la inspección por parte del Ministerio de Hacienda y permite un mayor control estatal de las posibles externalidades negativas».

Los parlamentarios que se oponen al texto afirman que el proyecto de ley podría fomentar la ludopatía (adicción al juego) y delitos como el blanqueo de dinero, el tráfico de personas y la prostitución. 

La normativa promete dificultar las estafas

El ponente del proyecto de ley, el senador Irajá (PSD-TO), ha dicho que el texto impide la apertura desenfrenada de casas de apuestas en todo el país y que sólo se permitirá apostar a través de Pix y tarjeta de débito, excluyendo la posibilidad de que los jugadores paguen en efectivo.

Según él, esto facilitará el trabajo de las empresas de auditoría y la inspección de los organismos públicos.

Algunos de los principales puntos del proyecto de ley:

• Establecimiento de casinos en centros turísticos o complejos de ocio integrados (como resorts u hoteles de alta gama con al menos 100 habitaciones);
• Número máximo de casinos por estado, en la siguiente proporción (según población y territorio): hasta tres casinos en SP; hasta dos casinos en MG, RJ, AM y PA; hasta un casino en los demás estados y en el Distrito Federal;
• Cada casino debe demostrar un capital desembolsado de al menos 100 millones de reales y puede acreditarse durante 30 años;
• Los buques marítimos (un límite de diez en el país) y los fluviales con al menos 50 habitaciones también pueden albergar casinos. Los barcos fluviales no pueden fondear en el mismo lugar más de 30 días seguidos;
• Jogo do bicho: una sala de bingo por cada 700.000 habitantes por Estado;
• Bingo: una sala de bingo por cada 150.000 habitantes por ciudad;
• Carreras de caballos: los establecimientos pueden explotar bingos y videobingos.

Riesgo de falta de control

El principal argumento en contra de la aprobación de los casinos es que la falta de un control adecuado facilitará a las organizaciones criminales el blanqueo de dinero a gran escala, ya que Brasil es un país al que le cuesta mucho luchar contra el crimen organizado.

El senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) ya trabajó por la legalización de los casinos; viajó a Las Vegas, en Estados Unidos, se reunió con grandes empresarios y grabó vídeos hablando de los beneficios del sector para el país.

Pero oficialmente cambió de postura, siguiendo el ejemplo de la bancada evangélica, de su padre y de Silas Malafaia. Votó en contra del proyecto de ley en la CCJ en el primer semestre del año.

Malafaia dice que los ingresos fiscales son menores que el daño social que pueden causar los casinos. ¿Cómo se puede abrir un bingo en una región dominada por grupos de narcotraficantes? Son ellos los que van a abrirlo, ahora oficialmente', declaró a la columna en junio.

El pastor también critica a los senadores que defienden la legalización haciendo comparaciones con países del primer mundo que tienen casinos, como Estados Unidos y Singapur. Hacer comparaciones con naciones poderosas es una broma. Tenemos un país en el que el 90% de la población gana hasta cinco salarios mínimos'.